El Demócrata de Guatemala

2 de marzo de 2018

Comisión iniciará dialogo con pueblos indígenas sobre consulta de construcción de Mega Proyectos





Diputados que integran la Comisión de Pueblos Indígenas, del Congreso de la República que preside el Diputado Leocadio Juracán, del bloque Convergencia, dieron a conocer en Conferencia de Prensa que darán inicio a un proceso de diálogo y audiencias públicas a nivel nacional con las diferentes comunidades de los pueblos indígenas del país sobre el derecho a la consulta previa, en la construcción de Megaproyectos hidroeléctricos y mineros.

El proceso de conversaciones con las comunidades de pueblos Indigenas, Xinka y Garífuna es con base a una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad en mayo del 2017, que faculta al Congreso de la República para que emita la reglamentación del caso.

El diputado Juracán indicó “Nosotros ya hemos tenido varias reuniones con los pueblos indígenas y las instituciones encargadas del tema, como el Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría de los Derechos Humanos y otras, las que nos han dado su opinión al respecto.”

Además informó que ya elaboraron un cronograma de audiencias públicas, con foros y entrevistas con líderes comunitarios de los 22 pueblos indígenas del país. Las actividades se iniciarán en el departamento de Sololá.

Al concluir con el proceso de las audiencias públicas y foros buscarán los mecanismos para emitir una norma o reglamento que regule lo concerniente al derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas sobre la construcción de Megaproyectos hidroeléctricos y mineros. 

Para El Demócrata de Guatemala reportó: Javier Ramírez.

Comisión media para resolver recorte del aporte financiero constitucional a municipalidades




Diputados que integran la sala legislativa de Asuntos Municipales sostuvieron una reunión de trabajo con el Gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Néstor Mauricio Guerra, para conocer a detalle la opinión técnica y financiera que llevó a recortar la asignación presupuestaria del situado constitucional a 77 municipalidades del país. (El Situado Constitucional se refiere a la Comisión Encargada de Realizar el Cálculo Matemático para la Distribución de la Asignación Constitucional a las Municipalidades).

Cabe resaltar que en la reunión participaron varios alcaldes, quienes expresaron su preocupación y desacuerdo con la decisión porque para este año son afectadas muchas comunidades debido a que no se ejecutarán proyectos de salud, educación y servicios esenciales, por falta de recursos financieros.

La Presidenta de esa Comisión, Diputada Sandra Patricia Sandoval, del Bloque FCN Nación, expresó: “Tenemos conocimiento que alrededor de más de 77 municipalidades tienen el problema de una disminución considerable de recursos financieros por el recorte del situado constitucional. Ya nos han manifestado su preocupación varias comunidades y queremos resolver la situación”.

Durante esa reunión varios Diputados interrogaron al funcionario del INE respecto al tema y también con lo relacionado al Censo Nacional de Población que se llevará cabo este año en abril.  Entre ellos el Diputado Haroldo Quej, del Bloque de la UNE quien manifestó “Lo que nos preocupa es el registro de las comunidades, porque se han omitido muchas de ellas y se debe de actualizar con las nuevas comunidades y con las que quitaron.”

Cabe destacar que, los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales también se reunieron con el Contralor General de Cuentas Carlos Mencos, para conocer su opinión sobre los artículos 76 y 97 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, sobre la fiscalización de la Contraloría en la ejecución de obras de arrastre de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, ello con el fin de presentar una iniciativa de ley que reforme los mencionados artículos de la ley de presupuesto estatal, Decreto 50-2017.

Al terminar la reunión acordaron citar para la próxima semana a funcionarios de la Comisión de Cálculo Matemático para la Distribución de la Asignación Constitucional a las Municipalidades, alcaldes municipales y otras instituciones para resolver lo relacionado al situado constitucional. Para El Demócrata de Guatemala reportó: Javier Ramírez.

Median para restablecer el servicio de electricidad en comunidades de San Marcos y Retalhuleu




Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, Edwin Lux y Lesly Valenzuela, quienes integran la mesa técnica de trabajo para resolver el conflicto por la suspensión del servicio de energía eléctrica en la aldea Caballo Blanco, Retalhuleu, y en el municipio de Malacatán, San Marcos, se reunieron con autoridades para encontrar una solución a este grave problema.

A la reunión asistieron autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), de los ministerios de Salud, Educación, Energía y Minas, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN), Dirección de Atención al Consumidor (DIACO), y empresa distribuidora de energía ENERGUATE.

“Una de las medidas que hemos tomado es la sanción administrativa a la empresa distribuidora ENERGUATE, según las dos denuncias que interpusieron los afectados y tendrán que cancelar aproximadamente más de dos millones de quetzales”, comentó Mynor López, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)

Por su parte el diputado Lux, coordinador de la mesa técnica y representante del distrito de Retalhuleu, y la congresista, Lesly Valenzuela, por San Marcos, solicitaron a Miriam Roquel Chávez, sub procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que a la brevedad posible busque los mecanismos que faculta la ley para que la PDH emita la resolución del caso.

En otro tanto, los Viceministros María Eugenia Barrios, de Educación, y Mario Alberto Figueroa, de Salud Pública y Asistencia Social, dieron a conocer que directamente son los niños y niñas los más afectados porque no están recibiendo clases como debe de ser.

Lo anteriormente expuesto incluye también la afectación directa a las personas de la Tercera Edad y la población en general por qué no están funcionando varios puestos y centros de salud, y los Servicios Básicos más elementales. Para El Demócrata de Guatemala reportó: Javier Ramírez.

Comisión de Derechos Humanos indaga sobre violaciones sexuales a menores de edad




Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el Diputado Ronald Arango de la Bancada Todos, se reunieron con representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a quienes cuestionaron sobre los registros y acciones que implementan para contrarrestar las violaciones sexuales a menores de edad.

En esa reunión el Viceministro técnico del MSPAS, José Roberto Molina, expuso que reportes de esa cartera registraron estadísticas alarmantes en los últimos tres años que reflejan alrededor de 7,900 niñas menores de 14 años embarazadas, producto de un delito sexual, los cuales fueron denunciados a la autoridad pertinente. Sin embargo, aseguró que hay un subregistro de casos no denunciados, los cuales hacen que las cifras sean mayores.

Cabe resaltar que el Viceministro también índico con preocupación que “Los departamentos con mayor incidencia de violaciones de niñas y niños son Guatemala, Escuintla y Chimaltenango, donde un 89 por ciento de las víctimas son del sexo femenino.”

Por su parte el jefe de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP, Rubén Herrera, explicó que a la fecha hay 11 oficinas de esa instancia en distintos centros asistencia médica de la red hospitalaria del país. “Solo en el departamento de Guatemala hay 1,217 expedientes en investigación y 35 sentencias por el delito de violación en 2017”, agregó.

El congresista Arango afirmó: “Conocemos los esfuerzos de los entes de impartición de justicia en cuanto a agilizar los procesos de condena; sin embargo, estamos seguros de que de haber mayor persecución penal ayudaría a la disuasión de este hecho”.

Además durante su intervención el Diputado Raúl Romero, del Bloque Fuerza, propuso a la mesa la conformación de una comisión específica que permita orientar propuestas y dé seguimiento al tema.

Finalmente el diputado Arango reiteró: “Dicha comisión será integrada en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, veremos la posibilidad de adherirnos a la mesa interinstitucional coordinada por la Vicepresidencia de la República para generar los mecanismos que permitan la erradicación de este flagelo”.

Cabe destacar que de acuerdo al Código Penal Procesal guatemalteco, las personas que cometan el delito de violación podrían ser sometidas a una pena de prisión de entre 8 y 12 años.

En este sentido el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) indica que por lo menos 70 perfiles genéticos de violadores o posibles violadores se podrían registrar al día con la vigencia de la Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense (Decreto 22-2017) aprobada el año pasado por el Legislativo. Para El Demócrata de Guatemala reportó: Javier Ramírez.